Las personas con discapacidad tienen derecho a ser escolarizadas siempre que sea posible en un centro ordinario, confirmando las prácticas integradoras iniciadas ya desde hace unos años.
La presencia de este alumnado en los centros ha comportado importantes cambios
organizativos, metodológicos, y curriculares, así como una demanda insistente de
recursos materiales, personales y de formación; a veces, también, ha provocado
resistencias, discrepancias entre las distintas personas o instancias implicadas y algún
que otro contratiempo. Es decir, parece que la práctica de la integración a nadie ha
dejado indiferente.
A menudo el profesorado no se ha sentido suficientemente preparado y
asistido para acometer con garantías las exigencias derivadas de la integración, el
esfuerzo llevado a cabo por muchos profesores para adaptar la respuesta educativa a las
necesidades particulares de determinados alumnos – junto con la voluntad de la
Administración Educativa - ha revertido en una mejora de la calidad de la educación
para todo el alumnado.
Hemos de hacer de los centros educativos un entorno comprensivo
capaz de acoger y atender adecuadamente a la diversidad de necesidades de los
alumnos, sobretodo en la enseñanza secundaria obligatoria.
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